por R. Arosemena P.
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De acuerdo con una exclusiva publicada por Reuters el pasado 8 de mayo, cerca de 1,800 familias inmigrantes han sido separadas en la frontera Estados Unidos-México entre octubre del año 2016 y febrero de este año.

Las cifras, aparentemente suministradas por un oficial del gobierno que accedió a hablar bajo condición de anonimato, superan por mucho los números que los voceros de la administración habían revelado anteriormente, y que cubrían solo un breve periodo de dos semanas correspondientes al mes de mayo del año en curso.

Un miembro de Aduanas y Protección de Fronteras dijo el mes pasado que entre el 6 y el 19 de mayo las autoridades habían separado a 658 niños de sus padres. Sin embargo, estas cifras – excesivamente inexactas – ascenderían a miles tomando en cuenta la información suministrada por el oficial de gobierno que habló con Reuters.

Aunque es difícil ofrecer cifras actualizadas del número de padres e hijos que han sido separados en el paso fronterizo, el informante asegura que las separaciones de familias en la frontera han ido en aumento durante las últimas semanas debido a “nuevas políticas administrativas” que responden a la norma de Cero Tolerancia adoptada por el gobierno.

Hace menos de un mes, el vocero de la Casa Blanca, John Kelly, defendía en una entrevista con la NPR el modus operandi de las separaciones familiares como un “elemento de disuasión duro” pero eficaz para hacer que los solicitantes de asilo cambiaran de opinión y decidieran no cruzar la frontera.

“El punto es que ellos eligieron venir a los Estados Unidos ilegalmente y esta es una técnica que nadie espera que sea usada extensivamente o por mucho tiempo”, dijo Kelly a la NPR el 11 de mayo — aunque, considerando los números publicados por Reuters, muchos se preguntarán si 1,800 familias no es ya una cifra lo suficientemente extensiva.

Las “políticas disuasivas” de Donald Trump: en la mira de los defensores de derechos humanos

Lo que el gobierno considera un método viable para reducir drásticamente el flujo de inmigrantes ilegales que ingresan al país, es para los demócratas, los defensores de los derechos humanos y las Naciones Unidas, un acto de abuso infantil que debe parar.

La vocera de la ONU, Ravina Shamdasani, dijo en Génova el pasado 5 de junio que las políticas de seguridad fronteriza que permiten la separación de familias deberían acabar inmediatamente y que el país debe “dejar de criminalizar lo que, a lo sumo, debe ser una ofensa administrativa”.

“Entrar a un país sin la documentación necesaria no debe ser una ofensa criminal, así que estas personas no deberían ser detenidas”, dijo Shamdasani, en especial cuando existen razones de peso (como la pobreza y la violencia) que impulsan el éxodo de los hispanos — particularmente, de los centroamericanos — hacia los Estados Unidos en busca de asilo.

Las Naciones Unidas insiste en que separar a niños indefensos de sus padres es una violación a los derechos humanos; no obstante, la administración del presidente Trump piensa lo contrario, y no parece estar nada cerca de dar su brazo a torcer.

El embajador de los Estados Unidos para las Naciones Unidas, Nikki Haley, respondió al organismo internacional que, mientras los altos comisionados como Shamdasani “atacan con ignorancia” al país, la nación “conduce al mundo con sus acciones, como proveer más asistencia humanitaria que ningún otro país”.

“Seguiremos siendo una nación generosa, pero también somos un país soberano, con leyes para controlar mejor nuestras fronteras y proteger a nuestra gente. Ni las Naciones Unidas ni nadie más dictará cómo los Estados Unidos cuida sus fronteras”, dijo Haley, según un comunicado de prensa publicado por la Misión Estadounidense ante las Naciones Unidas.

Para los representantes de la ONU, el hecho de que muchas de las familias que intentan cruzar la frontera ilegalmente provengan de países en situación vulnerable como Guatemala, Honduras y El Salvador, es motivo suficiente para darles la oportunidad de recibir protección internacional. Por desgracia, la administración del presidente Trump está tomando medidas cada vez más severas para castigar a quienes crucen la frontera en condición de ilegales.

Inmigrantes detenidos en el paso fronterizo son transferidos a prisiones federales

Según publicó Reuters el 7 de junio, cerca de 1,600 detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas están siendo transferidos a prisiones federales en Texas, California y Washington.

Esto significa que quienes hayan ingresado ilegalmente al país para pedir asilo deberán esperar la decisión de la corte tras las rejas, una medida ampliamente criticada por los defensores de los inmigrantes y los detractores del presidente Trump, tomando en cuenta que muchos de los detenidos no tienen antecedentes judiciales en sus países de origen.

Para los opositores de la fiebre anti-inmigración, el propósito de las prisiones federales es alojar criminales altamente peligrosos, no brindar alojamiento temporal a inmigrantes en búsqueda de empleo o una vida nueva en los Estados Unidos.

La lista de detenidos incluye a los padres que han sido separados de sus hijos en la frontera.