por R. Arosemena P.
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El gobierno ha expresado muchas ocasiones su compromiso absoluto con una política de Tolerancia Cero para impedir la entrada de inmigrantes ilegales al país y deportar a todo el que permanezca bajo esta condición en los Estados Unidos.

No es algo en contra de los inmigrantes, sino en contra de los inmigrantes ilegales. O al menos eso dijo el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly.

“En el paso fronterizo de San Isidro, 100,000 personas vienen todos los días, mexicanos legales. Y al final del día, un gran número de esas personas regresa a México. ¿Qué hicieron en los Estados Unidos? Fueron de compras, trabajaron. Trajeron a sus niños a la escuela… Queremos ese tipo de movimiento. Lo que no queremos son inmigrantes ilegales”, dijo Kelly a la NPR el 11 de mayo.

El Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, durante la 35ª Cena Anual de Entrega de Premios de la USO del Área Metropolitana de Washington-Baltimore, Arlington, Virginia, el 21 de marzo de 2017. (Foto de la Guardia Nacional del Ejército de los EE.UU. tomada por el sargento Jim Greenhill)

Muchos inmigrantes latinos, y en especial los beneficiarios de DACA y el TPS que han vivido legalmente en los Estados Unidos durante años — incluso décadas — se preguntan qué sentido hace esto con las acciones del gobierno de Trump, que ha arremetido contra programas humanitarios que permitían a los hispanos y africanos provenientes de países extremadamente pobres y sacudidos por la violencia iniciar una vida nueva en Norteamérica.

Si realmente la política de Tolerancia Cero está dirigida únicamente a la inmigración ilegal, ¿por qué el presidente Trump anula un mecanismo administrativo que permite la ocupación y trabajo legal a miles de personas?

Los beneficiarios de DACA ingresaron al país siendo niños y, ahora, conforman una porción valiosa de la fuerza laboral estadounidense. Se identifican con la cultura estadounidense, dominan el idioma y poseen fuertes raíces que, sin duda, dificultarán su readaptación a sociedades que quizás ni siquiera recuerdan.

Un estudio de la FWD.us, fundada por Mark Zuckerberg, Drew Houston y Joe Green, estima que el impacto de la revocación de DACA haría que más de 800,000 personas pierdan sus empleos. Es injusto para los beneficiarios del programa, pero también para los empleadores y las compañías.

¿Dónde, en el esquema actual, caben las palabras “Tolerancia Cero solo con los inmigrantes ilegales”? Porque es evidente que la comunidad latina está teniendo una impresión muy distinta al respecto.

Los derechos de los inmigrantes latinos son de interés bipartidista

No todos los representantes del Partido Republicano quieren expulsar a los inmigrantes hispanos del país. Lindsey Graham y Mike Coffman han manifestado públicamente su apoyo a los “soñadores” (apodo de los beneficiarios de DACA):

“La realidad es que estos chicos básicamente no tienen otro lugar a donde ir (…) y estas son buenas noticias para América. Deberíamos desear que (los soñadores) se queden. Son buenos chicos. Están trabajando. Son productivos”, dijo el senador Graham en septiembre del año pasado.

Mike Coffman, miembro de la Cámara de Representantes, dijo en marzo de 2017 que los inmigrantes bajo el programa DACA deberían tener la oportunidad de “cumplir el sueño americano por medio del trabajo duro, la educación o el servicio militar, y ayudarnos todos en la construcción de una América fortalecida”.

Marcha por los derechos de los inmigrantes en Los Ángeles. (Imagen CC Molly Adams)

La Ley Dream, o Acta del Sueño, fue introducida inicialmente en 2001 por el senador demócrata Dick Durbin y el senador republicano Orrin Hatch con el objetivo de garantizar que los “soñadores” pudieran quedarse en los Estados Unidos, lo que demuestra que la permanencia legal de los latinos trabajadores y honestos es un asunto de interés bipartidista con fuertes implicaciones para la economía nacional.

La administración de Trump dijo que el TPS se había convertido en un mecanismo de renovación automática que estaba permitiendo a los inmigrantes residir en el país indefinidamente en lugar de cumplir su propósito inicial: otorgar un estatus de protección temporal. Aún así, John Kelly admitió que los beneficiarios del TPS — al igual que los de DACA — han vivido legalmente en los Estados Unidos durante un margen de tiempo suficiente para que el gobierno considere ofrecerles una vía legal para obtener la ciudadanía.

Todo esto es algo confuso para quienes intentan comprender las verdaderas intenciones del presidente Trump y los fundamentos de su política migratoria, que además de centrarse en repeler focos de inmigración ilegal en la frontera, ha resultado ser perjudicial para miles de latinos que residen actualmente en el país de forma legal, y que son decentes, trabajadores y pagan sus impuestos.